Greenpeace pide que las balsas de fosfoyesos de Huelva sean declaradas instalaciones radiactivas

Greenpeace va a pedir al Gobierno que declare las balsas de fosfoyesos de Huelva, y en particular el llamado CRI 9, como instalación radiactiva. La organización ecologista acompañó ayer al europarlamentario David Hammerstein a estas acumulaciones de residuos, donde comprobaron que superaban en más de 25 veces la dosis máxima permitida por la legislación vigente para todo un año.

"El CRI 9, donde se vertieron miles de toneladas altamente contaminadas radiactivamente por Cesio-137 procedentes del accidente de la planta de Acerinox en 1998, presenta niveles de radiactividad, según datos del propio Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de más de 3.500 veces los permitidos por la legislación", señala Greenpeace.

Hammerstein es uno de los eurodiputados españoles del Comité de Peticiones encargado de tramitar las denuncias de los ciudadanos por incumplimiento de la normativa comunitaria. La asociación ecologista elevará ahora formalmente una petición al Comité para que se revise la vulneración de las directivas sobre radiaciones ionizantes, gestión de residuos tóxicos y peligrosos, y protección de las aguas.

Greenpeace quiere que se deje de poner en peligro la salud de los onubenses y restauren la catástrofe medioambiental producida por los 120 millones de toneladas de fosfoyesos vertidas por las empresas Fertiberia y Foret en las marismas del Tinto.
"A fecha de hoy, las Consejerías de Salud y Medio Ambiente todavía no han tomado ninguna medida para solucionar el problema", denuncian los ecologistas. "Esta situación resulta aún más grave si tenemos en cuenta que los vertidos a la ría continúan y que las balsas tienen pérdidas a diario que acaban en el río Tinto", apuntan. A su juicio, Huelva se enfrenta a "uno de los mayores desastres ecológicos a escala mundial".

Al vertido anual de 2,5 millones de toneladas de fosfoyesos a escasos 500 metros de la ciudad de Huelva, se suma el derrame de ácidos débiles, residuos tóxicos y peligrosos cargados de metales pesados (arsénico, cadmio, plomo) y de naturaleza radiactiva, que han sido transportados y arrojados ilegalmente tanto a las balsas de fosfoyesos como a las minas de Río Tinto desde el año 1987, según Greenpeace, que recuerda que la mortalidad por cáncer en la capital onubense es la mayor de España.

Vulneración de la ley
Tras visitar la zona, Hammerstein declaró que Huelva "tiene un grave caso de dejadez temeraria de la Administración y la Justicia" y apuntó que "hay indicios fundados de que, en el caso de las balsas de fosfoyesos, se han vulnerado diferentes normativas europeas en cuanto a metales pesados, radiactividad y de todo el quehacer industrial".

El europarlamentario lamentó que en los últimos años "hayamos visto una política de 'marketing verde' superficial, que sólo trata de esconder la suciedad química por debajo de una alfombra verde, debajo de la que hay una realidad muy preocupante". Por ello, exigió una "actuación contundente por parte de la Administración española", ya que "estamos muy preocupados por la salud de los ciudadanos, que debe primar por encima de otros intereses".

En este sentido, Hammerstein anunció que elevará una petición al Parlamento Europeo y el Comité de Peticiones exigirá un informe sobre esta cuestión a la Comisión Europea. Luego, en unos meses, informará sobre las posibles vulneraciones del derecho comunitario y, en su caso, el tema se derivaría a los tribunales europeos de Luxemburgo.