Niceto Alcalá-Zamora

Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba, 6 de julio de 1877 – Buenos Aires, Argentina, 18 de febrero de 1949) fue un político español, primer presidente de la Segunda República Española.

Niceto Alcalá-Zamora y Torres fue un portento intelectual; a la temprana edad de 17 años era licenciado en Derecho y que a los 22 años, Letrado del Consejo de Estado.

Al cumplir los 40 años, el cordobés, que ya era conocido como un abogado de gran prestigio, se hizo cargo de la cartera de Fomento en el Gobierno de Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas. Era el destino, casi lógico, de un político que durante toda su vida y desde muy joven había hecho gala de sus ideas liberales y monárquicas, lo que le llevó en su juventud a entrar en el Partido Liberal, liderado entonces por figuras tan ilustres como Sagasta y Moret. Sin embargo, era un encargo envenenado, teniendo en cuenta que en 1917, España encontraba dificultades en producir alimentos en cantidad suficiente y la Gran Guerra estaba poniendo en peligro los canales tradicionales de abastecimiento.

Aquel gobierno no sobrevivió ni siquiera un año, pero aún volvería a ser ministro, en este caso de la Guerra con García Prieto en el último Gobierno constitucional de la Monarquía de Alfonso XIII. El Gabinete, como la mayoría de los que se habían formado después de las muertes de Cánovas (1897) y de Sagasta (1903), era inoperante. Cuando se reunieron las Cortes Generales el 23 de mayo de 1923 el hemiciclo estaba formado por 22 agrupaciones distintas: demócratas, liberales, izquierdistas, liberales, liberales agrarios, reformistas, nicetistas, conservadores, ciervistas, mauristas, regionalistas, republicanos, socialistas, unionistas monárquicos, nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, integrantes de la Liga Monárquica Vizcaína, tradicionalistas, católicos, clases mercantiles, agrarios, integristas e independientes. En definitiva, era imposible gobernar.

Niceto Alcalá-Zamora había ocupado distinguidos cargos político-administrativos y se distinguió como orador en las Cortes, desde que fue elegido diputado por La Carolina en 1905. Fue director de Administración Local y subsecretario de Gobernación. También se mantuvo al tanto de la discusión de las mancomunidades, un programa presentado por Canalejas con el fin de solventar el problema de la configuración territorial española. Durante todo este tiempo estuvo al servicio del Partido Liberal del conde de Romanones, pero finalmente se adscribió al Partido Liberal Democrático de Manuel García Prieto y desde entonces, comenzó su carrera ministerial, tanto en Fomento como en Guerra.

Por todo ello, en cuanto el general Miguel Primo de Rivera dio su golpe de Estado e instauró su Dictadura, muchos españoles (incluyendo, al principio, al propio Alcalá-Zamora) acogieron con entusiasmo y cierto alivio el nuevo régimen, pero Alcalá-Zamora fue modificando su postura política hasta convertirse en uno de los más firmes opositores al régimen dictatorial del general Primo de Rivera y de la monarquía alfonsina, principal baluarte de la Dictadura.

Así, el 13 de abril de 1930, cuando el general Primo de Rivera ya había dimitido de su cargo y había sido sustituido por el general Dámaso Berenguer, que tenía el encargo de Alfonso XIII de volver al régimen constitucional de 1876, Alcalá-Zamora pronunció un famoso discurso en el teatro Apolo de Valencia en el que retiró su apoyo y confianza a la monarquía y propugnó una república conservadora y burguesa, apoyada en las clases medias y en los intelectuales.

Junto con Miguel Maura y su partido Derecha Liberal Republicana, representó al republicanismo conservador en el Pacto de San Sebastián el 17 de agosto de 1930, pacto destinado a impulsar un movimiento popular que derrocase a la monarquía e instaurara la República. De ese pacto surgió un comité ejecutivo encargado de dirigir la acción republicana en España y Alcalá-Zamora fue elegido su presidente. Era, de hecho, el antecedente del Gobierno Provisional. El día 12 de diciembre de 1930 tuvieron lugar los sucesos de Jaca, cuando los capitanes Galán y García Hernández proclamaron la República en la guarnición de Jaca e iniciaron una marcha hacia Huesca pero, vencidos por las fuerzas gubernamentales, fueron juzgados y ejecutados. También se sublevaron en el aeródromo de Cuatro Vientos el comandante Ramón Franco y el general Gonzalo Queipo de Llano. Estaba previsto el bombardeo del Palacio Real como señal para el pronunciamiento militar. Pero, al parecer, Ramón Franco vio unos niños jugando en los jardines de Sabatini, y no se atrevió a soltar las bombas para no hacerles daño. Así el resto de unidades no llegaron a sumarse al levantamiento, dando lugar a que el aeródromo fuese cercado por tropas de las proximidades, por lo que tuvieron que huir a Portugal en avión. Los líderes de las fuerzas antimonárquicas, parte del comité, y entre ellos Alcalá-Zamora, fueron detenidos por el Gobierno. El juicio público, celebrado en marzo de 1931, les condenó a seis meses y un día, que fueron sustituidos por libertad condicional.

Ante el difícil caríz que tomabá la situación, y tras la dimisión de Berenguer en febrero de 1931, el rey encargó al almirante Aznar la formación del nuevo gobierno. El día 18 se presentó el nuevo gabinete constituido por ministros de todas las tendencias monárquicas, pero ese mismo gobierno reflejaba la incapacidad del monarca para encontrar un gobierno capaz de estabilizar la institución monárquica en España. Así, el día 12 de abril se celebraron elecciones municipales. Los primeros recuentos eran de 22.150 concejales monárquicos contra 5.775 republicanos, aunque estudios posteriores arrojan 19.035 concejales proclives a Alfonso XIII, 39.568 republicanos y 15.198 tradicionalistas, integristas, nacionalistas vascos, independientes, etc., que no podían encuadrarse exactamente entre los dos bandos directamente enfrentados. En 41 de las 50 capitales de provincia ganaron los republicanos. En Barcelona los republicanos cuadruplicaron los votos monárquicos, y en Madrid los triplicaron. Alfonso XIII, partidario frente a alguno de sus ministros de que no hubiese derramamiento de sangre, se exilió ante el ultimátum del Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá-Zamora. Éste, que contó desde el primer momento con el apoyo popular y con el de la Guardia Civil, mandada en aquellos momentos por el general Sanjurjo, se convirtió en el gobierno provisional. Alcalá-Zamora y Maura garantizaban la presencia de la vivaz burguesía conservadora en el gobierno y la continuidad política dentro de un régimen distinto. Este gobierno proclamó la Segunda República el 14 de abril de 1931; mientras el rey embarcaba en Cartagena y su familia tomaba un tren que les llevaría hacía Francia.

El 15 de abril el gobierno hizo público un programa de actuación basado en los acuerdos del Pacto de San Sebastián. Fue anunciada una reforma agraria, libertad de cultos y creencias, respeto a la propiedad privada, responsabilidades a los colaboradores de la dictadura, aumento gradual de las libertades individuales y sindicales, etc.

Apenas accedió al poder, el gobierno tuvo que enfrentarse a la proclamación de la república catalana y a los sucesos anticlericales del mes de mayo. También hubo muchas dificultades con las organizaciones anarquistas que negaron su colaboración con la nueva república.

El gobierno se fue inclinando hacia un republicanismo más de izquierdas representado en la figura de Manuel Azaña, postura que claramente se reflejó en la redacción de la Constitución. La cuestión clerical enfrentó de nuevo a republicanos conservadores e izquierdistas, socialistas y radicales, y finalmente Alcalá-Zamora y Maura abandonaron el gobierno el 14 de octubre de 1931.

Temiendo que Alcalá-Zamora emprendiera una campaña revisionista y de desprestigio contra la República, los socialistas y los azañistas convinieron en ofrecerle la presidencia de la República, cargo para el cual fue elegido candidato único el 2 de diciembre. Juró el cargo el 11 de diciembre de 1931.

Hombre autoritario y convencido de su misión, desde el primer momento trató de intervenir en los asuntos del gobierno. Por esta razón, quedó apartado del papel que le correspondía, es decir, compensar el jacobinismo de su Primer Ministro, Manuel Azaña.

La idea del Presidente era incorporar a la dirección de España las nuevas fuerzas surgidas después de la Restauración y contenidas por los últimos Borbones. Esta apertura debía hacerse desde arriba, suprimiendo todo lo que impidiera este paso y estableciendo las premisas esenciales de un nuevo orden por la vía pacífica y parlamentaria. El 14 de abril de 1931 pareció darle la razón, pero a partir de mayo los distintos sucesos indicaron que la realidad no correspondía a sus sueños.

Las relaciones con el Gobierno eran oscilantes. Cuando Azaña le presentó para su ratificación la ley de Congregaciones —ley de secularización de la enseñanza— y la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, que completaban la Constitución de 1931, Alcalá-Zamora se resistió al máximo a firmar ambas leyes, pero no se atrevió a vetarlas. La oposición acusó al Presidente de morosidad.

Más tarde, con ocasión de un reajuste de gobierno, las diferencias volvieron a surgir y Azaña dimitió con su gabinete. Tras varias consultas fallidas. Alcalá-Zamora volvió a nombrar como Presidente del Consejo de Ministros a Azaña (12 de junio), hecho que decepcionó a los conservadores.

Meses más tarde, en septiembre, Azaña dimitió. Alcalá-Zamora disolvió las Cortes Constituyentes y, después de un fugaz mandato del radical Alejandro Lerroux, le encargó al radical Diego Martínez Barrio la celebración de nuevas elecciones (8 de octubre de 1933).

Las derechas ganaron ampliamente las elecciones del 29 de noviembre de 1933, las primeras de la Historia de España en que pudieron votar las mujeres. El radical Alejandro Lerroux formó gobierno por encargo del presidente y con la anuencia de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por José María Gil-Robles. Alcalá-Zamora se llevó mal con los radicales y sobre todo con la CEDA, ya que desconfiaba del espíritu democrático del partido de Gil-Robles, que, si bien se declaraba respetuoso con el orden establecido, no había jurado lealtad a la República. Por esta razón buscó siempre soluciones de compromiso, como el confuso gobierno del radical Ricardo Samper, que no gustaron a nadie.

En octubre tuvo que volver a recurrir a Lerroux que formó gobierno con tres ministros de la CEDA, pero el 6 de octubre de 1934 en Barcelona, la revolución de Asturias, su indecisión y el escándalo del «estraperlo» impidieron una acción de gobierno coherente.

Por otra parte, Alcalá-Zamora utilizó todos sus recursos para apartar a la CEDA del poder hasta que la crisis de gobierno de 9 de noviembre de 1935 le ofreció esta oportunidad. Nombró primer ministro a su amigo Manuel Portela Valladares, que presidió un interregno entre noviembre de 1935 y febrero de 1936. Su intención era crear una fuerza de centro entre la derecha radical-cedista y la izquierda social azañista.

El Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936. Si esto era una derrota para la derecha, también lo era para Alcalá-Zamora y sus aspiraciones. Azaña fue encargado de formar gobierno.

Los republicanos de izquierdas no habían olvidado la actitud de Alcalá Zamora desde junio de 1933. Se abrió un debate en las Cortes sobre la inconstitucionalidad de la última disolución de las mismas, ya que según la Constitución de 1931, el Presidente estaba facultado para disolver las Cortes dos veces, pero la segunda disolución podía ser sometida al enjuiciamiento de la Cámara, y si una mayoría consideraba que se había cometido alguna irregularidad, el Presidente podría ser destituido.

La controversia se produce cuando la nueva mayoría de las Cortes, considerando que ésta era la segunda disolución, enjuician la actuación del Presidente y dictaminan que la disolución se había producido con mucho retraso, por lo que el Presidente debía ser destituido. Sin embargo, había quien opinaba que ésta era la primera disolución, ya que la anterior (la de 1933) no debía contarse al tratarse de las Cortes Constituyentes, las que elaboraron la Constitución y por tanto eran anteriores a ella. Finalmente, el 7 de abril de 1936, 238 diputados votaron a favor de la destitución por sólo 5 en contra. 174 diputados abandonaron la cámara o se encontraban ausentes, por lo que el Presidente fue destituido (se requería mayoría absoluta de los 417 diputados en ejercicio, es decir, 209). Éste en principio se resistió, pero abandonado por todos tuvo que admitir el cese.

Después de unas semanas en las que se hizo cargo de la Jefatura del Estado de forma interina Diego Martínez Barrio, en su calidad de Presidente de las Cortes, fue sustituido por Manuel Azaña el 11 de mayo de 1936.

El inicio de la Guerra Civil le sorprendió en un viaje por las costas noruegas. Decidió no regresar a España cuando se enteró, según cuenta en sus memorias, reescritas durante el exilio, de que milicianos del Frente Popular habían entrado ilegalmente en su domicilio, robándole sus pertenencias, y saqueado asimismo su caja de seguridad (y al menos, otra propiedad de una de sus hijas) en el banco Crédit Lyonnais en Madrid, llevándose el manuscrito de sus memorias, parte del cual fue publicado (con cortes de la censura) en la prensa republicana durante la guerra y amplia y comentado por Manuel Azaña en sus Memorias. Fijó su residencia en Francia, donde le sorprendió la Segunda Guerra Mundial.

Después de múltiples penalidades, debido a la ocupación alemana y a la actitud colaboracionista del gobierno de Vichy, salió de Francia y tras un penoso viaje de 441 días en barco llegó a Argentina en enero de 1942, donde vivió de sus libros, artículos y conferencias.

No quiso volver a España durante la dictadura franquista, aunque, al parecer, se le hizo algún ofrecimiento, ya que un hijo suyo estaba casado con una hija del general Queipo de Llano, uno de los protagonistas de la sublevación y a que Niceto Alcalá-Zamora era un republicano católico reconocido. Su cadáver fue repatriado a España en 1979 y enterrado en el cementerio de la Almudena de Madrid.

Fuente: Wikipedia.